La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Iveth Susana Ayala Rodríguez, quien se desempeñaba como secretaria General de la Superintendencia de la Economía Solidaria, por posibles irregularidades en un proceso de contratación adelantado durante 2024.
La actuación busca determinar si en la contratación de actividades de capacitación y actualización para servidores públicos se habrían desconocido disposiciones relacionadas con la contratación estatal.
De acuerdo con la información del Ministerio Público, el proceso estaba relacionado con las actividades de formación contempladas en el plan institucional de la Superintendencia para esa vigencia. La investigación pretende establecer cómo fue estructurado el proceso, qué condiciones se fijaron para los interesados y si los requisitos establecidos pudieron incidir en el desarrollo de la contratación.
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Dentro de la misma actuación también fue vinculada Ida Marcela Dickson Barrera, quien para ese momento era coordinadora del Grupo de Contratos de la entidad. La Procuraduría deberá establecer cuál fue la participación de ambas funcionarias y qué actuaciones realizaron durante el proceso contractual.
Uno de los puntos que será revisado corresponde a un requisito incluido en el pliego de condiciones, relacionado con la presentación de un certificado de acreditación de alta calidad. Según el organismo de control, este documento estaría asociado a instituciones de educación superior y su exigencia podría no corresponder a actividades de educación informal como las previstas en el contrato.
La investigación disciplinaria tendrá como propósito esclarecer las circunstancias del proceso y determinar si hubo o no responsabilidades por parte de las funcionarias involucradas.
