La Secretaría Distrital de Movilidad afirmó que, hasta el momento, no existe una decisión de fondo que determine un daño al patrimonio público, luego de que la Contraloría de Bogotá iniciara un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento de $6.501 millones relacionado con las consultas realizadas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) entre 2021 y 2024.
A través de un comunicado, la entidad explicó que la actuación del organismo de control corresponde a una etapa preliminar de la investigación y reiteró que colaborará con el suministro de la información requerida para facilitar el desarrollo del proceso.
La Secretaría sostuvo que las consultas al RUNT se realizaron en cumplimiento de las funciones asignadas por la ley para adelantar procesos de control, imponer comparendos y desarrollar otros trámites de tránsito. Además, señaló que la información consultada hace parte de servicios especializados y no corresponde a las consultas gratuitas que cualquier ciudadano puede realizar.
Contraloría investiga pagos por más de $6.500 millones en consultas al RUNT
La Contraloría de Bogotá abrió el proceso después de identificar que, entre 2021 y 2024, la Secretaría Distrital de Movilidad realizó 5.467.476 consultas al RUNT, por las que pagó $6.501.689.565 con recursos públicos a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).
Según el organismo de control, parte de esa información también estaba disponible en plataformas internas de la entidad, como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON. Por ello, la investigación busca establecer si esos pagos cumplieron con los principios de necesidad, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos o si ocasionaron un presunto detrimento al patrimonio del Distrito.
La Secretaría también informó que notificó a exsecretarios, exdirectivos, exfuncionarios y contratistas que participaron durante el periodo investigado, quienes podrán ejercer su derecho a la defensa en el desarrollo del proceso.
Mientras avanza la investigación, la Contraloría analizará las pruebas para determinar si existió una afectación a los recursos públicos y establecer las eventuales responsabilidades fiscales de los involucrados.
