La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de 2.603 millones de pesos tras detectar una presunta duplicidad en la atención de 1.315 niñas y niños beneficiarios de programas de primera infancia durante los años 2024 y 2025.
Según el organismo de control, la situación se habría presentado porque la Secretaría Distrital de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) brindaron atención simultánea a los mismos menores con recursos públicos destinados a garantizar su desarrollo integral.
El hallazgo surgió luego de una indagación preliminar y del cruce de bases de datos de ambas entidades. Como resultado de este análisis, la Contraloría identificó 339 casos de atención concurrente durante 2024 y otros 976 durante 2025, para un total de 1.315 beneficiarios.
Tras revisar la información técnica y financiera, el ente de control estimó un presunto daño patrimonial superior a los 2.603 millones de pesos. Además, advirtió posibles deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social para verificar si los menores ya recibían atención a través de otras entidades públicas.
La actuación fiscal también involucra a varios funcionarios que ejercieron funciones relacionadas con la supervisión y ejecución de los programas dirigidos a la primera infancia.
La respuesta de Integración Social
Luego de conocer la decisión de la Contraloría, la Secretaría Distrital de Integración Social defendió la legalidad de su actuación y aseguró que los servicios dirigidos a la primera infancia se prestan bajo los principios de protección integral, garantía de derechos e interés superior de los niños y niñas.
La entidad sostuvo que la concurrencia y complementariedad de servicios entre distintas instituciones hace parte del modelo establecido por la política pública de primera infancia y que, por sí sola, no constituye una irregularidad.
Asimismo, informó que durante 2024 atendió a más de 48.000 niñas y niños en jardines infantiles de Bogotá. Según sus cifras, los 339 casos observados por la Contraloría representan cerca del 0,7 % de la población beneficiada durante ese año.
Para 2025, la Secretaría reportó la atención de más de 51.900 menores y señaló que los 976 casos identificados equivalen al 1,9 % del total de usuarios atendidos.
Además, explicó que los 1.315 casos corresponden a niños y niñas vinculados a jardines infantiles operados por cajas de compensación familiar y organizaciones sin ánimo de lucro mediante convenios suscritos con la entidad.
El proceso permanecerá en etapa de investigación mientras las autoridades determinan si existió o no un detrimento patrimonial y establecen las posibles responsabilidades fiscales derivadas de estos hechos.
