En un paso clave hacia el fortalecimiento del campo cundinamarqués, la Gobernación de Cundinamarca y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) firmaron una alianza para avanzar en la formalización de tierras rurales. La inversión es de $400 millones y beneficiará especialmente a la provincia del Guavio, con foco en el municipio de Junín.
Este convenio busca otorgar seguridad jurídica a las familias campesinas mediante la legalización de al menos 60 predios con vocación agropecuaria. La iniciativa es liderada por la Secretaría del Agrocampesinado y responde a la necesidad urgente de reducir la alta informalidad en la tenencia de la tierra en el departamento.
“Esperamos llegar a la legalización de al menos 60 títulos con toda la documentación técnica y jurídica, otorgando así esta titularidad a nuestros campesinos del departamento”, señaló Marcos Barreto, secretario del Agrocampesinado. El objetivo es claro: darle voz y respaldo legal a quienes han trabajado la tierra durante generaciones.
El proceso incluye cuatro etapas: alistamiento y planeación, actividades técnicas y jurídicas, acompañamiento en campo, y por último, sistematización de la información. Cada fase está pensada para asegurar que el proceso sea transparente, eficiente y verdaderamente útil para los beneficiarios.
Hoy, casi la mitad de los predios rurales en Cundinamarca no cuentan con títulos legales, lo que limita el acceso de los campesinos a créditos, subsidios y programas estatales. La Gobernación se ha propuesto formalizar 1.000 predios en 2025, como parte de una estrategia que busca cerrar brechas históricas en el acceso a la tierra.
Más allá de un trámite legal, esta formalización representa dignidad, estabilidad y oportunidades reales para las familias del campo. Legalizar la tierra es también una forma de construir paz, impulsar el desarrollo agrario y promover un campo más justo, equitativo y productivo para todos.
