La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra dos exdirectivos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para establecer si incurrieron en posibles irregularidades durante la ejecución de contratos destinados a garantizar los servicios de alimentación, salud e infraestructura en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.
La actuación disciplinaria involucra a Ludwing Joel Valero Sáenz, exdirector operativo de Gestión Contractual y exdirector general de la USPEC, así como a Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, quien ocupó la jefatura de la Oficina Asesora de Planeación y también ejerció, en distintos periodos, como directora operativa de Gestión Contractual y directora general de la entidad.
Según el Ministerio Público, la investigación surgió tras identificar posibles deficiencias en la prestación de servicios esenciales para las mujeres privadas de la libertad, situación que habría afectado el funcionamiento del centro penitenciario.
Durante el proceso, la Procuraduría examinará la ejecución de los contratos, los informes de supervisión e interventoría y las acciones de seguimiento adelantadas por los responsables, con el propósito de establecer si existieron omisiones en el control de los acuerdos contractuales o incumplimientos que impactaran la atención de la población carcelaria.
El ente de control también revisará la ejecución de los recursos destinados a la cárcel El Buen Pastor, con especial énfasis en el manejo del presupuesto asignado al Fondo de Atención en Salud de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) durante la vigencia 2024.
Con esta investigación, la Procuraduría busca determinar si los exfuncionarios incurrieron en posibles faltas disciplinarias relacionadas con la administración de los contratos y los recursos públicos destinados al funcionamiento del establecimiento penitenciario.
