El Meta departamentos donde la 'Paz Total' está en riesgo

La Defensoría del Pueblo ha presentado un informe actualizado en el que advierte sobre la existencia de al menos once puntos de emergencia humanitaria en el país, incluyendo el departamento del Meta, los cuales afectan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Según el seguimiento de la Defensoría del Pueblo, detrás de esta crisis se encuentran diez grupos armados ilegales, entre los que se incluyen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias lideradas por alias «Mordisco» y alias «Calarcá Córdoba», además de organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos.

“El 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, estos grupos han logrado expandirse y fortalecer sus acciones. Es preocupante, pero no irremediable”, destacó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

En lo referente al Meta, junto al departamento del Guaviare, desde 2024 estos han sido escenarios de una intensa disputa entre las facciones disidentes de Mordisco y Calarcá. En un enfrentamiento en Calamar, en enero, murieron 20 personas pertenecientes a las disidencias de Mordisco, entre ellos 7 menores de edad: 4 adolescentes mujeres y 3 adolescentes varones. Además, circuló un video de 11 menores de edad «recuperados» por la disidencia Calarcá en combates contra el grupo de ‘Mordisco’.

La violencia ha provocado el confinamiento de comunidades indígenas y el reclutamiento forzado de menores en Mesetas y Uribe, además del desplazamiento de 860 personas en 2025.

Por ello, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para que implementen medidas inmediatas de protección a las comunidades afectadas por el conflicto armado en el Departamento del Meta. Insta a tomar en cuenta las alertas tempranas y sus recomendaciones, así como toda la información disponible en las instituciones del Estado. Además, solicita a la comunidad internacional que refuerce su apoyo a las iniciativas humanitarias y exija el respeto de los derechos de las personas en riesgo.

Asimismo, exige a los grupos armados ilegales que respeten los derechos de la población y el derecho internacional humanitario, cesando la instrumentalización de organizaciones comunitarias para sus fines. Pide al Gobierno nacional que, en los diálogos vigentes, exija el respeto al derecho humanitario, la no vinculación de civiles al conflicto y la liberación inmediata de menores reclutados.

“La violencia no puede seguir marcando el destino de nuestras comunidades. Las instituciones del Estado tienen la capacidad para enfrentar esta crisis y garantizar la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios”, concluyó la Defensora del Pueblo.