El presidente Abelardo De la Espriella firmó este martes 8 de septiembre el decreto que pone fin a la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. La medida mantiene los requisitos y controles establecidos por la ley.
El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, anunció la firma del decreto mediante el cual se levanta la suspensión general que durante los últimos años había restringido el porte legal de armas de fuego en el país.
La decisión representa un cambio en la política frente al porte de armas y cumple una de las promesas que el mandatario había planteado durante su campaña electoral.
Según explicó De la Espriella, «la medida busca modificar el enfoque frente a la seguridad ciudadana y diferenciar entre quienes cumplen los requisitos establecidos por la ley y quienes utilizan armas de manera ilegal».
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No se trata de un porte indiscriminado
El Gobierno aclaró que el levantamiento de la suspensión no significa que cualquier ciudadano pueda portar un arma libremente. El Decreto 1368 de 2026 establece que podrán recuperar su eficacia los permisos individuales que se encuentren vigentes, siempre que no tengan una suspensión particular, cancelación, revocatoria, vencimiento o alguna prohibición legal o judicial.
Además, la medida no elimina los requisitos previstos en la legislación colombiana ni modifica las condiciones y controles que deben cumplir los ciudadanos para acceder legalmente al porte de armas.
El argumento del Gobierno
Para sustentar su decisión, el presidente presentó cifras sobre las armas incautadas por la Fuerza Pública durante lo corrido del año.
De acuerdo con los datos divulgados por el mandatario, entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre fueron incautadas 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
De ese total, el presidente señaló que 980 armas estarían vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. También destacó que, entre las armas relacionadas con las disidencias, se encuentran 380 fusiles y 65 morteros de 60 milímetros.
De la Espriella sostuvo que estas cifras evidencian, a su juicio, que una parte importante de la amenaza armada proviene del mercado ilegal y de las estructuras criminales.
“Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales”
En su pronunciamiento, el mandatario defendió que los ciudadanos que cumplan las normas tengan garantías dentro del marco legal, mientras que las autoridades concentren sus esfuerzos contra las organizaciones y personas que portan armas ilegalmente.
“Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado”, afirmó De la Espriella.
El presidente cerró su mensaje insistiendo en que su Gobierno mantendrá una política de seguridad enfocada en combatir a las organizaciones armadas ilegales.
La decisión abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre seguridad, porte legal de armas y control de las armas de fuego, especialmente por las implicaciones que puede tener el cambio de política en materia de seguridad ciudadana.
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