La fuga de 12 personas privadas de la libertad en la estación de Policía de El Espinal generó cuestionamientos por parte de las autoridades del Tolima, luego de que los detenidos escaparan tras, presuntamente, afectar una estructura metálica del lugar.
El secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, Alfredo Bocanegra, afirmó que este hecho refleja las dificultades de las estaciones de Policía, donde permanecen personas sindicadas que el sistema penitenciario debe llevar a los centros de reclusión correspondientes.
El funcionario afirmó que la falta de traslados oportunos ha provocado sobrecupo en los centros de detención transitoria de varios municipios, situación que, a su juicio, afecta las condiciones de seguridad y dificulta la custodia de los internos.
«Los centros de reclusión transitorio se ven agolpados de personas sindicadas porque la incompetencia del Gobierno Nacional en estos cuatro años y del Inpec ha impedido que esos delincuentes en un término de 36 horas estén en los sitios de reclusión que correspondan a su peligrosidad», manifestó Bocanegra.
Tras el escape ocurrido en El Espinal, las autoridades lograron recapturar a cinco de los 12 fugados, mientras continúan las investigaciones y operativos para ubicar a los siete restantes.
El secretario también lanzó críticas contra el ministro de Justicia saliente, Jorge Iván Cuervo, a quien señaló de tener responsabilidad política por la situación que, según él, atraviesa el sistema de traslado y custodia de personas detenidas.
Bocanegra agregó que los gobiernos locales han encontrado obstáculos para entregar a los capturados al sistema penitenciario y que esta situación termina generando hacinamiento en las instalaciones policiales.
Ante este panorama, el funcionario destacó la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de crear un nuevo organismo de vigilancia que sustituya al Inpec, una iniciativa que considera podría representar un cambio en el manejo del sistema carcelario.
Finalmente, señaló que el próximo Gobierno tendrá como uno de sus principales retos mejorar la infraestructura penitenciaria y garantizar que las estaciones de Policía no continúen funcionando como centros de reclusión prolongada.
