La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suárez Burgos, señalados de estar involucrados en un esquema de captación ilegal de dinero que habría afectado a cerca de 8.000 personas en diferentes regiones del país.
De acuerdo con la investigación, entre 2021 y 2024 los procesados habrían recibido aproximadamente 200.000 millones de pesos a través de un modelo de negocio relacionado con la comercialización de plátano.
La investigación, adelantada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, señala que inicialmente la actividad se desarrolló mediante una empresa comercializadora y exportadora y, posteriormente, a través de una cooperativa.
El esquema ofrecía a los inversionistas dos modalidades. Una estaba relacionada con la supuesta compra y comercialización de plátano en mercados nacionales e internacionales. La otra consistía en vincular a terceros como asociados o socios ocultos mediante contratos de cuentas en participación.
A cambio de los recursos, se habría prometido una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles, supuestamente proveniente de las ganancias generadas por la comercialización del producto.
Sin embargo, según los elementos recopilados por la Fiscalía, cerca de 8.000 personas habrían entregado su dinero sin recibir los rendimientos prometidos ni recuperar las inversiones realizadas.
Entre los presuntos afectados se encuentran mujeres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento, docentes rurales, campesinos y agricultores. La mayor cantidad de casos estaría concentrada en los municipios de Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes, en Antioquia. También fueron identificadas víctimas en Valle del Cauca, Magdalena y Tolima.
Una de las investigadas fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova, mientras que Alexander Suárez Burgos se presentó voluntariamente ante las autoridades.
En audiencias independientes, los jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos y la Fiscalía les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Por decisión judicial, ambos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia mientras avanza el proceso.
