En un operativo conjunto, la CAR Cundinamarca, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional suspendieron las actividades de una mina de carbón de piedra que operaba de forma ilegal en la vereda Ramada Flórez, municipio de Lenguazaque, en el Valle de Ubaté. La intervención fue liderada por la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) de la CAR, que ha venido cerrando filas contra este tipo de explotaciones sin control.
Aunque la mina contaba con un contrato de concesión de la Agencia Nacional de Minas, no tenía licencia ambiental emitida por la CAR, lo que hace su operación completamente ilegal. Según las autoridades, esta falta representa un riesgo serio para el entorno natural y la salud de las comunidades aledañas, por lo que se procedió con la suspensión inmediata de las actividades.
Durante el operativo, que duró cerca de hora y media, se encontraban en el lugar dos personas que se identificaron como socios y administradores de la mina, así como algunos trabajadores que salieron del socavón al notar la presencia de las autoridades. El tamaño de la infraestructura sorprendió a los funcionarios: una tolva con capacidad para 60 toneladas, de las cuales 20 estaban ya ocupadas, indicaba una operación de gran escala.
Además de esta tolva, se encontraron otros elementos típicos de una explotación minera industrial: bocamina, malacate, patios de acopio y maniobra, cuarto de herramientas, y almacenamiento de estériles. Todo esto sin el más mínimo control ambiental ni seguimiento técnico, lo que elevó aún más la preocupación de los equipos de inspección.
La CAR identificó impactos severos en el suelo, como pérdida de fertilidad y acumulación de metales pesados, además de vertimientos de aguas residuales contaminadas. También se evidenció la pérdida de cobertura vegetal en al menos 700 metros cuadrados y una alteración evidente del paisaje, afectando la integridad visual del entorno natural.
El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, lamentó que, pese a la posibilidad de recibir asesoría para regularizar la operación, algunos opten por seguir trabajando en la ilegalidad. Además de la suspensión, podrían imponerse multas de hasta 100 mil salarios mínimos y penas de prisión de hasta 144 meses para los responsables, quienes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía.
